En el escrito que siete magistrados han redactado por orden del CGPJ (Consejo General del Poder Judicial), se ha escuchado por fin la opinión que este importante sector de Poder tiene, en general, sobre las actuaciones del Gobierno de España en cuanto a las soluciones económicas que se están adoptando en esta gran crisis que nos azota desde el año 2008. Estas soluciones del Gobierno, para resumir, no son otras que inyectar dinero a los bancos, mientras éstos embargan las viviendas de 527 familias al día.
En primer lugar, estos siete jueces destacan que el sistema de cobro de los créditos hipotecarios fue creado en el año 1909 y que el marco legal establecido entonces es el que ampara legalmente los desahucios. Según fuentes consultadas, hablan de “mala praxis” de los bancos en cuanto a su sistema y ejecución de los embargos. Y se propone que se creen las medidas oportunas para la protección de las familias que se encuentren al borde del desahucio.
Con esto, los jueces también reclaman que las ayudas que se destinan a la banca por parte del Estado, vayan también dirigidas al cliente sobre endeudado, siempre que éste lo sea de buena fe y que corra el peligro de perder el local donde ejerce su profesión o esté abocado a la ruina. O lo que es peor, su vivienda habitual.
El texto termina con una clara acusación a la banca por su “ligereza desmesurada” a la hora de conceder créditos hipotecarios “sin valorar las posibilidades reales del deudor”, además, realizaron una “comercialización irresponsable, cuando no torticera, de productos financieros complejos, como las participaciones preferentes”.
